Servicio de la Fiscalía de Portugal

El ministerio Público de Servicios (PPS) es un órgano constitucional confiado con facultades para perseguir, para participar en la implementación de la política criminal definida por la soberanía de las entidades, para representar al Estado y defender la legalidad democrática y de los intereses establecidos por la ley en el Artículo, apartado, de la Constitución de la República portuguesa a la RCP. Dicha autonomía se expresa a través de (i) la no interferencia de los otros poderes en su operación, y (ii) su concepto como una distinta magistratura guiada por el principio de la separación y el paralelismo hacia el poder Judicial en los Artículos de la CPR, en los Artículos y del Estatuto del ministerio Público (SPP)El PPS de la autonomía se caracteriza por estar limitada por la legalidad y a criterios de objetividad y por la exclusiva presentación de los fiscales a las directivas, órdenes e instrucciones establecidas por la SPPS (Artículo). Aunque el PPS se concede competencias a otras de las jurisdiccionales o competencias que no están limitados a aquellos reconocidos a los tribunales, que se refiere al poder judicial y participa de forma autónoma en la administración de justicia. A pesar del hecho de que el PPS es más reconocibles de poderes que se ejercen en el campo penal, su naturaleza polimórfica da lugar a una de ampliar la intervención del espectro Sin perjuicio de las demás tareas establecidas por la ley, es especialmente titular de la EPA para implementar las obligaciones legales previstas en el Artículo tres de la SPPS. para representar el Estado, las comunidades Autónomas, las autoridades locales, las personas que carecen de capacidad jurídica, las personas no tener la residencia permanente y aquellos cuyo paradero se desconoce, para representar, de oficio, los trabajadores y sus familias en vista de la defensa de sus derechos sociales, para afirmar la independencia de los tribunales, dentro de sus facultades, y para asegurar que la jurisdicción funciones son llevadas a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes aplicables.